En España, más de ocho millones de viviendas necesitan ser rehabilitadas antes de 2030 para cumplir con la Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea, que exige que cualquier vivienda destinada a venta o alquiler alcance, como mínimo, la calificación energética E. Actualmente, una gran parte del parque inmobiliario español no cumple este requisito, pese a que el país ha logrado reducir un 10% el consumo energético residencial entre 2020 y 2023. Solo el 1,1% de las viviendas cuenta con la calificación A, la más eficiente, lo que evidencia la magnitud del reto.

La tasa actual de rehabilitación energética es apenas del 0,08%, muy lejos del 2% anual recomendado por la Comisión Europea. Esta situación obligará a acelerar los trabajos en los próximos años, especialmente antes de mayo de 2026, cuando España deberá adaptar su normativa a las nuevas exigencias europeas. Países como Francia, Alemania o Italia avanzan a un ritmo mayor, lo que subraya la necesidad de intensificar esfuerzos.

Según expertos del sector, la nueva normativa actuará como un catalizador del mercado, ya que muchos propietarios de viviendas antiguas deberán decidir entre invertir en rehabilitación y/o vender. Las viviendas energéticamente eficientes no solo reducen el consumo hasta en un 60%, sino que también pueden aumentar su valor de mercado hasta un 12%, lo que apunta a un escenario de oportunidades y cambios significativos en el mercado inmobiliario.